Hasta hace poco tiempo, en la mayoría de los países en desarrollo se consideraba que la prestación de servicios veterinarios era responsabilidad del sector público. En las últimas cuatro décadas, sin embargo, las dificultades económicas y la imposición de programas de ajuste estructural han provocado un decenso progresivo de la inversión pública en términos reales y por consiguiente una reducción, en calidad y cantidad, de los servicios que se ofrecían a los ganaderos. Muchos gobiernos, comprendiendo que ya no estaban en condiciones de prestar servicios que eran básicamente ‘de interés privado’, modificaron profundamente su política con la idea de introducir conceptos propios de una economía de mercado, en particular en los terrenos de la agricultura y la producción ganadera. En el futuro, el papel del gobierno consistiría en prestar unos pocos servicios básicos ‘de interés general’ y crear las condiciones propicias para que el sector privado pudiera instalarse como prestador de servicios ‘de interés privado’ y colaborar al mismo tiempo en la realización de determinadas labores propias del sector público, con arreglo a fórmulas tales como los contratos o las acreditaciones zoosanitarias. No obstante, en casi ningún país en desarrollo esa inflexión política se acompañó de estrategias de desarrollo apropiadas, por razones múltiples y complejas. En primer lugar, cabe considerar que los donantes “endilgaron” los programas de ajuste estructural a los gobiernos, de forma que muchos responsables políticos tienden a ver en ellos la causa, y no la solución, de los problemas financieros. En segundo lugar, la mayoría de los dirigentes de los organismos públicos del ramo son veterinarios de formación y carecen de la capacidad de gestión necesaria para planificar e introducir cambios eficazmente. Además, por lo que respecta a la prestación de servicios clínicos, especialmente en zonas rurales o aisladas, la solución preconizada por los proveedores de fondos intercionales, que conlleva la liberalización y la implantación de paraprofesionales que trabajen a título privado, suele percibirse como una amenaza para la profesión veterinaria, y podría obstaculizar el acceso a los mercados internacionales del ganado y sus derivados. A falta de una estrategia bien planificada para privatizar los servicios zoosanitarios, en muchos países en desarrollo ha ido ganando terreno un sistema informal de prestación de servicios. Muchos gobiernos admitirían hoy en día que ello presenta mayores riesgos que la implantación reglamentada y debidamente supervisada de paraprofesionales. El autor examina algunas de las principales dificultades a que se enfrentan los planificadores en sus esfuerzos por encauzar una transición que transforme la prestación completa de servicios zoosanitarios por parte del sector público en un sistema de colaboración con el sector privado. Los gobiernos y proveedores de fondos deben tomar medidas activas para facilitar el proceso de privatización de los servicios zoosanitarios, en especial los destinados a las economías de subsistencia y pastoreo de las zonas rurales más pobres. Ello exigiría inversiones iniciales para crear la necesaria capacidad de gestión en todos los eslabones del sistema de prestación de servicios. Posteriormente harían falta más inversiones para que los cambios pudieran asimilarse utilizando herramientas de gestión tales como el ciclo de planificación estratégica. En caso de que hubiera recursos suficientes para que todas las partes interesadas se implicaran en la prestación de servicios de sanidad animal, sería posible determinar las instituciones apropiadas y las relaciones organizativas más eficaces para ocuparse de todos los temas importantes. A continuación, el autor describe el mecanismo por el que los sistemas de producción ganadera determinan el nivel de demanda de servicios zoosanitarios. Estos sólo serán económicamente viables en la medida en que estén pensados para satisfacer la demanda real, y no la supuesta. Por ello, a la hora de definir un modelo adecuado de prestación de servicios de sanidad animal es preciso analizar cuidadosamente el sistema de producción al que van a dirigirse esos servicios. Los gobiernos y proveedores de fondos pueden ser útiles a este respecto, facilitando los recursos necesarios para realizar este tipo de análisis, así como estudios de mercado, planes de empresa y actividades de formación, y también para facilitar el acceso a créditos blandos. Por lo que respecta a la liberalización, por último, muchas de las actividades que en la actualidad llevan a cabo paraprofesionales constituyen, según la legislación vigente, actos de medicina o cirugía veterinaria, por lo que legalmente deberían ser competencia exclusiva de veterinarios titulados y registrados.